El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, tras declararlos culpables de encabezar un entramado de corrupción que desvió miles de millones de pesos del Estado dominicano. El fallo, emitido en la madrugada de este martes tras una maratónica jornada judicial, marca un precedente histórico en el procesamiento de altos oficiales de las instituciones de seguridad y defensa del país.
La decisión, adoptada por las magistradas Esmirna Gisselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo, concluyó que los encartados aprovecharon sus funciones directivas para operar un esquema de desfalco sistemático. Según las consideraciones del tribunal, las acciones delictivas fueron ejecutadas bajo el control directo de los imputados mientras desempeñaban funciones de mando clave en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), bajo la dirección de Cáceres Silvestre, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), bajo la gestión de Torres Robiou.
El Ministerio Público logró sustentar la acusación tras presentar un robusto bloque de pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la configuración de una red de malversación. La lectura íntegra de la sentencia, que inició a las 3:00 de la tarde de este lunes, culminó a las 2:22 de la madrugada de hoy martes con la imposición de las penas máximas solicitadas por los fiscales.
Durante el desglose de los esquemas financieros, el tribunal profundizó en casos específicos como el de Julio Camilo de los Santos, cuya acusación se centró en un incremento patrimonial no justificado de 65 millones de pesos, evidenciado por la compra de múltiples inmuebles en efectivo y pagos sospechosos, sugiriendo un patrón de ocultamiento de bienes. En contraste, la defensa de Guillermo Torres argumentó que los pagos recibidos, cercanos a los dos millones de pesos, correspondían a servicios legítimos de reparación vehicular para el Cestur, planteando una distinción entre irregularidades administrativas y hechos delictivos. La jornada también abordó la relación financiera entre la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Vivo y Vuelve; si bien el tribunal, por mayoría, no halló pruebas suficientes de lavado de activos en esta estructura religiosa, existió un voto disidente que cuestionó la legitimidad de las operaciones y el uso de fachadas para dar apariencia de legalidad a fondos extraídos en efectivo.
El análisis procesal se extendió a las entidades comerciales utilizadas para la consolidación patrimonial, calificando a "Único Real Estate" como una pieza clave para camuflajear la titularidad de bienes transferidos desde figuras como Cáceres Silvestre. En cuanto a la entidad "MJ3B Agroindustrial", el tribunal señaló que fue un instrumento para la colocación de capitales ilícitos, respaldado por la entrega voluntaria de propiedades y vehículos que el administrador, Erasmo Roger Pérez Núñez, reconoció pertenecían en realidad a Adán Cáceres Silvestre, a pesar de estar registrados bajo el esquema empresarial. Finalmente, el tribunal, por mayoría de votos, decidió no retener responsabilidad respecto al imputado Santiago Antonio Suárez Peguero, al considerar que no se probó su papel determinante en la gestión operativa de dichas empresas.
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