El Estado dominicano ejecutó una amplia intervención simultánea bajo la denominación “Fuerza de Tarea Conjunta Compromiso Ambiental 2026”, con el propósito estricto de frenar ocupaciones ilegales y delitos que ponen en riesgo la biodiversidad y la seguridad hídrica nacional.
La operación se fundamentó en la Ley de Medio Ambiente, la legislación sectorial de áreas protegidas y normativas migratorias, desplegando acciones de control en ocho importantes reservas naturales y monumentos ecológicos del territorio dominicano.
El despliegue estuvo coordinado por el Servicio Nacional de Protección Ambiental junto a los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, además del respaldo operativo de las Fuerzas Armadas, Migración, la Procuraduría Especializada y otras entidades estatales.
Las labores tácticas abarcaron parques nacionales emblemáticos como Valle Nuevo, José del Carmen Ramírez, José Armando Bermúdez, La Humeadora, Sierra de Bahoruco y Los Haitises, además de los monumentos naturales Pico Diego de Ocampo y Salto de la Tinaja.
Como resultado de las acciones simultáneas, las autoridades detuvieron a 113 personas, principalmente nacionales extranjeros en condición migratoria irregular, sorprendidos cometiendo ilícitos ecológicos con apego irrestricto a los derechos humanos.
Durante la jornada se logró la recuperación de 496 tareas de tierra devastadas por la agricultura clandestina, desmantelándose diecinueve conucos y once casuchas improvisadas empleadas para la logística de estas actividades ilícitas.
Los equipos operativos incautaron 71 herramientas de destrucción ambiental, entre machetes, palas y bombas de fumigación, y retuvieron 54 animales de carga y ganadería, así como cinco vehículos y motocicletas sin placa.
En el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, los equipos de tarea sofocaron con éxito un incendio forestal provocado que destruyó cerca de 30 tareas de bosque, evitando una propagación mayor gracias a la rápida respuesta interinstitucional.
Las máximas autoridades de Defensa y Medio Ambiente reafirmaron una política de tolerancia cero frente a los atentados contra el patrimonio natural, advirtiendo que las áreas protegidas nacionales no están sujetas a ningún tipo de negociación.
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